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La crisis global de la economía asumió en México durante la década de los ochenta, la forma de una crisis severa de endeudamiento externo -más de 100 mil millones de dólares- y una intensa fuga de capitales -un total de 28 mil millones de dólares durante 1980- 1982-, recesión productiva -con la caída estrepitosa del PIB en 1982 a 0.5% y en 1983 a -4.7%, desempleo - alcanzando en 1982 una tasa del 8% y con una tendencia del deterioro creciente-, un proceso inflacionario acelerado que en unos cuantos meses pasó del 40% al 100%, y un marcado deterioro salarial -el índice real del salario medio industrial cayó, entre 1982 y 1984- cerca de un 30%, mientras que los salarios mínimos reales lo hicieron en más del 30%, tan sólo en los primeros siete meses de 1984-, y como gran delincuente al Estado, que a través de su excesivo déficit fiscal -que representaba el 16.5% del PIB en 1982- y su errática política subsidiadora y proteccionista provocó el deterioro. 

En el ámbito de lo social, se dice que en éstos años de crisis hicieron a la sociedad mexicana más igualitaria en el sentido que los mexicanos somos ahora "más iguales en la pobreza".  Así es, ahora el número de pobres -con un ingreso familiar menor a los dos salarios mínimos- pasaron a representar del 40% al 60% del total de la población, por su parte el gasto público de interés social disminuyó como porcentaje del producto nacional, durante los ochentas, cada mexicano, recibió una cuarta parte menos inversión en salud y una tercera parte en inversión educativa y por último en cuanto a la alimentación entre 1982 y 1986 el consumo de carne bajó a la mitad y la de leche y pollo se redujo a sólo una tercera parte.

En lo político, el agotamiento de estructuras corporativistas, que se manifiesta en la erosión de la estructura piramidal del partido en el poder, que cada vez mas cuestionada su función de instrumento negociador y representativo de los intereses de los diferentes grupos sociales, y en esa medida a perdido eficiencia como gestor de las demandas sociales.

En este contexto de crisis, se define a partir de 1982 una estrategia de ajuste y cambio estructural de la economía acompañada con otra de modernización económica y apertura comercial. Así, después de más de seis años de estancamiento económico, en 1989 la economía mexicana presentó una tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto de 3.3% en 1990 de 4.4%, en 1991 de 3.6% y de 2.6% en 1992, esperándose para 1993 una tasa entre el 2.5% y 3% anual Asimismo, el ritmo inflacionario se ha visto disminuido de un 30% anual en 1990 a poco mas del 10% en 1992.

Las políticas que evidencían el carácter de esta nueva estrategia definida oficialmente como "liberalismo social" son, en primer lugar, la política redimensionadora del sector paraestatal -sobresaliendo el proceso de reprivatización de los bancos, la reestructuración del conglomerado de Pemex y la venta de Telmex y Aeromexico-, el desmantelamiento de una estructura proteccionista y la apertura comercial, las adecuaciones hechas a la Ley de Inversión extranjera- vía acuerdos que permiten una mayor fluidez de capitales externos al país y una participación de dicha inversión hasta en un 100%- el énfasis en el incremento de la productividad a partir impulsar un acuerdo nacional de productividad laboral entre empresarios y trabajadores, las modificaciones en artículo 27 constitucional que trata de dotar al campo de un legal más atractivo para la inversión de capitales; y en segundo lugar la política social encabezada por el Programa Nacional de Solidaridad, que de una manera selectiva y racional distribuye el poco gasto social, en proyectos como "escuela digna", electrificación, pavimentación y salud -entre otros- y en donde el Estado funge, ya no como subsidiador sino como coordinador de los esfuerzas sociales, dejando en la sociedad misma la acción principal de la ejecución.

Así, evidente que, en la actualidad el panorama económico, político y social de nuestro país esta caracterizado por un cambio de estructuras, donde nuestra sociedad vive el proceso de transición hacia un nuevo estadío del desarrollo económico, que lo coloca en la trayectoria de un país definido como "potencia industrial intermedia" para los inicios del siglo XXI. 

La nueva estrategia de desarrollo nacional, esta ejecutándose ya en el campo de la actividad económica, y esta signada por nuevos criterios de productividad y competitividad; también, en el ámbito del gobierno, se observa un cambio en los criterio de racionalidad de la gestión pública, en donde la asignación de recursos debe responder cada vez mas, a razones de eficiencia económicas, que a conveniencias políticas, y asimismo en el ámbito de lo social, es evidente que las actuales reformas están dejando ver una transferencia paulatina de poder político a la sociedad, en tanto ésta adquiere un papel más protagónico en la solución de sus propias demandas.

Este proceso, debe advertirse, no es ni puede ser un evento espontáneo o natural, ni mucho menos estocástico, sino un proceso deliberado, consciente y, en esa medida, administrado.

Finalmente, no podemos dejar de señalar que este proceso de modernización no es gratuito y que conlleva altos costos sociales y fuertes problemas políticos. De ello pudieran dar cuenta los mas de 30 millones de mexicanos que viven o sobreviven en los límites de la pobreza y las movilizaciones y fuertes reclamos de una sociedad por poner en la mesa de la discusión democrática el debate sobre las alternativas de solución a los problemas del desarrollo nacional.

Estado Moderno, Sociedad y Democracia

Esta transición debe ser vista como un cambio en la función y articulación del aparato estatal para con la sociedad -en todas sus dimensiones-, en el propósito de redefinir sus objetivos y alcances, de tal suerte que se ajusten a los requerimientos de los nuevos tiempos; que por un lado estimule la participación social directa en la solución de problemas y que a la vez fortalezca su rol de liderazgo político en el proyecto nacional.

Se deja atrás la imagen del Estado bienestar, paternalista y omnipresente, capaz de intervenir en cualquier cosa, y se transciende de un nuevo Estado moderno, menos intervencionista, más eficiente y más versátil en su estructura, para llevar acabo cambios importantes en la estrategia de desarrollo y en el perfil de país que se requiere construir para el próximo milenio. Esta es la imagen nueva del Estado moderno, que se ha definido como Estado modesto o Estado estratega. 

En otros términos, al alterarse la esencia de la relación entre el Gobierno y la actividad económica - a partir de las políticas instrumentadas de desregularización, apertura comercial y ventas de paraestatales - se ha dejado abierto, también, un mayor espacio para la participación de la sociedad civil, en la urgencia de encontrar formas mas democráticas de gestión de lo público y social, fomentando el desarrollo -consciente o inconscientemente- de una población más activa y participativa.

En ese sentido, cabe hacer mención de la advertencia de L: Rubio en torno a los problemas de la transición democrática, que podrían llevar a actitudes suicidas en tanto que -según él- , la sociedad mexicana esa todavía muy lejos de entender y asumir culturalmente los valores éticos de la democracia. 

En esa difícil paradoja de control - legitimidad que enfrenta nuestro régimen político -al igual que todos los regímenes- es donde las instituciones del Estado mexicano y la gestión pública deben demostrar su capacidad de diversificación para responder a las nuevas condiciones ambientales. Entendiendo, por un lado, que la capacidad de tomar decisiones -capacidad de gobernar- depende del control político institucional y, por el otro lado, hay que considerar que para que la población acate, apoye y ejecute tales decisiones es necesario que exista legitimidad.

Así, la gestión pública se ve obligada a abandonar paulatinamente los mecanismos autoritarios e incorporar como variables de su gestión elementos de convencimiento que generen consenso y permitan una acción pública basada en la cogestión y la democracia. Esta, sin lugar a dudas, no será una tarea fácil para un Gobierno que no admite cuestionamientos a sus políticas, sin embargo el avance real de nuestra sociedad, depende de ello.

Hacia una Gestión Pública Estratégica

Delineando este panorama, cuáles son -entonces- los cambios que se avizoran en el enfoque de gestión pública, del Estado de este fin de siglo.

Para comprender ésto, nos será bastante útil precisar algunos aspectos del enfoque estratégico. Primero, consideremos que la complejidad y la turbulencia que caracteriza la dinámica ambiental de las últimas décadas ha dado origen a nuevos enfoques de análisis desde la perspectiva de la teoría de sistemas y de las organizaciones, en donde los sujetos se caracterizan por asumir una actitud más voluntarista y menos determinista de la realidad. En ese sentido, el funcionamiento de los sistemas y de las organizaciones puede interpretarse desde dos comportamientos, el perspectivo o proyectivo y el prospectivo o interactivo. 

El primero de ellos advierte el futuro como resultado de la situación actual distorsionada solo por el transcurso del tiempo, en donde se asume una actitud determinista, esto es, el presente condiciona el futuro, y la estrategia de desarrollo organizacional se define como adaptativa. Por su parte, el segundo enfoque se basa en una reversión de la causalidad, esto es, el futuro no se nos impone, de alguna manera nuestra imagen del futuro condiciona el presente. Por lo tanto, esta visión implica la elección de un futuro deseable o preferido y el diseño de intervenciones voluntaristas que alteren a nuestro deseo la evolución de los hechos presentes. Esto no es otra cosa, que posicionarnos en el futuro que deseamos para, a partir de ello, construir el presente. ¡Una labor profética sin duda!.

Precisamente, el enfoque prospectivo es el rasgo esencial de la gestión estratégica de los tiempos modernos y, aplicar el enfoque estratégico a la gestión pública implica un diseño de estrategia que se caracteriza -entre otras cosas- por ajustar la función estatal hacia lo estrictamente necesario -en lo económico y en lo social- bajo una lógica de rentabilidad económica. Esto es, las acciones públicas deben demostrar técnicamente su efectividad, ya no más políticas que se justifican sólo por el argumento de fortalecimiento del Estado. Es evidente, pues, que la administración de lo público recupera categorías de medición, que -parecía ser- estaban reservadas, sólo para la órbita privada, como las de productividad, rentabilidad y eficiencia.

La estrategia aquí es vista como una guía en la toma de decisiones -más allá del trabajo de predicción- es decir como una "decisión de direccionalidad", fundadas en una visión prospectiva de la realidad, que considera -e incorpora en su misma dinámica- la existencia de otros sujetos con distintas expectativas y proyectos.

Este enfoque estratégico es materia de reflexión en la agenda de la CEPAL, donde el plano de las discusiones descansa mas bien en la calidad de las intervenciones del gobierno y no tanto en su magnitud. Al respecto ellos mencionan como requisito de calidad de dichas intervenciones, los siguientes:

  1. Una cuidadosa selectividad de las áreas críticas de la economía,
  2. Eficiencia y eficacia en su accionar
  3. Transparencia y credibilidad en la ejecución de sus políticas.
  4. Duración explícitas de los compromisos y proyectos, mas allá del gobierno en turno, que permita tener una certeza clara sobre su avance y conclusión.
  5. El costo beneficio de las acciones de gobierno deben ser conocidas por la sociedad, como condición inexcusable para legitimar la intervención del gobierno.

Bajo esta óptica, el Estado emerge con las siguientes funciones públicas :

a)Construir mecanismos modernos y efectivos para orientar el desarrollo, considerando como pilares fundamentales, la dinamización de la inversión, el desarrollo científico y tecnológico, el fortalecimiento de las estructuras de mercado y evolución de la competitividad, así como, la movilización de sus recursos para el financiamiento de largo plazo, y

b) crear las capacidades necesarias para la regulación de mercados y actividades conflictivos, tales como, la producción de bienes y servicios en mercados monopólicos, el sistema financiero y el mercado de capitales, el mercado de trabajo y su legislación laboral, así como la administración de la seguridad social.

Los retos que enmarcan estas nuevas formas de intervencionismo estatal, nos lleva a plantear que la planificación debe aparecer como una renovada técnica de gobierno que fortalezca los criterios de movilización y asignación de recursos y sea respetuosa de las restricciones y limitaciones que impone la dinámica del mundo moderno.

Concretamente, el enfoque de la gestión estratégica sugiere una acción participativa del Estado en rubros claves como la mayor austeridad pública y privada orientada a promover el ahorro y la inversión, la promoción de proyectos en el campo de transporte, de las comunicaciones y de las otras obras de infraestructura requeridas para lograr una competitividad sistemática, la política de absorción, adaptación y creación tecnológica, la inversión en recursos humanos y capacitación de la fuerza de trabajo, la creación y fortalecimiento financiero de pequeñas y medianas empresas y la preservación del capital natural y la integridad de la biosfera. 

Frente a semejantes tareas los Gobiernos mantienen en la planificación  un instrumento fundamental en la búsqueda de mayor racionalidad y eficacia de sus acciones. Dicha búsqueda puede afectar igualmente, aquellos aspectos de la realidad económica, social, técnica, institucional o cultural, que se consideran inadecuados y que por consiguiente se desea alterar, así como aquellos aspectos de la realidad que se consideran convenientes y que así es deseable que sigan manteniéndose. Dicho así, la planificación implica una "acción racional, coherente y coordinada, y se sostiene en el análisis dinámico de la realidad y en la formulación de escenarios prospectivos fundamentados técnicamente". Bajo esta óptica, el ILPES, en uno de sus documentos mas recientes, establece como las tareas actuales de planificación, las de información y análisis dinámico del entorno nacional e internacional; el diseño estratégico, la programación, la articulación instrumental, la coordinación intersectorial, el respaldo técnico a negociaciones de gobierno y la planificación de largo plazo y de prospectiva.

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